Las narrativas de izquierda ambientalista en disputa

El vínculo entre la izquierda y la agenda ambiental en Uruguay ha sido históricamente ambivalente: avances innegables en materia energética convivieron con modelos extractivos heredados y profundizados. La transición energética 2005–2020 ubicó a Uruguay entre los primeros países del mundo en participación de renovables en la matriz eléctrica, con más del 98% proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, los desafíos ambientales al día de hoy adquieren más dimensiones, nuevas formas digitales de comunicación, y una profunda necesidad de cooperación en un contexto poco cooperante con la justicia ambiental. tensión local se inscribe en un tablero global atravesado por la disputa geopolítica por recursos. La crisis climática y la transición energética aceleran nuevas formas de colonialismo verde, donde minerales, agua y territorios se vuelven moneda de poder. Desde Palestina y Venezuela hasta Afganistán y Sudán, territorios estratégicos y comunidades racializadas siguen siendo sacrificadas bajo discursos de seguridad y desarrollo. La gobernanza ambiental internacional reproduce lógicas extractivas, que por momentos se disfrazan de cooperación.

En Uruguay, esta realidad se refleja en la “siembra de la sequía y la cosecha del hidrógeno verde”. La expansión forestal y sojera, la sobrecarga ganadera y la apropiación privada del agua configuraron una crisis socioambiental que estalló en la sequía 2022–2023. Hoy, la apuesta al hidrógeno verde se presenta como solución, pero sin construir información pública sólida, investigación terciaria suficiente ni proyectos de extensión territorial que garanticen confianza social. Las comunidades vuelven a ser espectadoras, no protagonistas del tan prometido “desarrollo”.

Para entender este momento, hay que mirar la política regional. Uruguay ha mostrado cierta resistencia a las derechas más radicales que crecen en latinoamerica. Las instituciones fuertes y la tradición democrática han operado como una red de contención para la avanzada de los fascismos y negacionismos. Sin embargo, esa robustez no se replica plenamente en la gobernanza ambiental: los mecanismos de participación siguen siendo limitados y tecnocráticos. Se consulta poco, se escucha menos y se decide “desde arriba para abajo”. Nuestra tradición democrática que permitió el gran acuerdo energético entre partidos políticos parece ausente hoy, en tiempos en que sectores de derecha cuestionan el cambio climático o lo reducen a un problema técnico.

A esto se suma una transformación intergeneneracional en las formas de participación: las juventudes no están dispuestas a sufrir la escalera partidaria tradicional. El ambientalismo fue puerta de repolitización para una generación desencantada con los partidos, organizada en torno a causas concretas y horizontales. Son jóvenes que crecieron con crisis superpuestas: un tercio nació en hogares con carencias básicas, Uruguay encabeza tasas regionales de trastornos de salud mental y el futuro climático es incierto. Llegan a un gobierno de izquierda “con ambiente” no como espectadores ilusionados, sino como una sociedad civil cansada y exigente.

El nuevo ciclo político abre interrogantes inevitables: ¿podrá la izquierda incorporar el ambiente como eje estructural y no accesorio? No por romanticismo ecológico, sino porque no existe gobernanza nacional sin gobernanza ambiental. Uruguay es pequeño, íntimo con la tierra: ningún ciudadano vive a más de 10 kilómetros de una bosta de vaca. Pero esa cercanía no se traduce todavía en políticas interdisciplinarias, participativas y orientadas al cuidado de la vida.

La izquierda está siendo puesta a prueba: ¿tomará las agendas socioambientales y climáticas como horizonte ético y programático? ¿Conseguirá avances capaces de garantizar el derecho al futuro de las infancias que hoy nacen? ¿O se resignará a un desarrollismo moderado que delega la brújula moral ambiental a Europa y el crecimiento económico asociado a la extracción de la tierra y el mar?

Estamos frente a un punto de inflexión. La justicia climática no puede seguir siendo un eslogan, o una temática a trabajar con los saldos de un presupuesto nacional. Uruguay necesita a la justicia climática como proyecto de país.

Carolina Cuesta